Buena, bonita, barata… ¡paisha!

Japón no escarmienta ni a la de tres (Fukushima, Hiroshima, Nagasaki) y vuelve a la energía nuclear tras haber cerrado todos sus reactores por seguridad tras el accidente de hace un año. Y las fuerzas reaccionarias españolas aprovechan para relanzar su cruzada nuclear, inasequibles al desaliento fuku-sísmico. Como vendedores de alfombras nos aseguran que es buena, bonita y barata la energía atómica. Y se resisten  con todas las armas de sus intereses privados al desarrollo de la sostenibilidad y la inteligencia.

Nada nuevo bajo el sol (esa fuente de energía renovable para todos). Pues tienen los pronucleares un inequívoco sesgo ludita. El ludismo es el rechazo interesado a las innovaciones. Surgió como movimiento a principios del XIX cuando algunos obreros destruyeron las nuevas máquinas tejedoras. Aunque es una conducta habitual desde tiempos de Vespasiano, con los aguadores en contra de los acueductos, o más tarde con los contables combatiendo la pascalina, la primera calculadora. Se aplican aquí la famosa frase del Primer Ministro británico, Lord Balfour, paradigma del inmovilismo: “es más inteligente hacer cosas estúpidas que se han hecho siempre que cosas inteligentes que no se han hecho nunca”.

La energía nuclear es el pasado, las energías renovables el futuro. Más aún para España, que en energías renovables hemos sido líderes tecnológicos mundiales. Pero ahora parece que preferimos regresar al castizo “que inventen ellos” (una de las primeras leyes de “urgencia” aprobadas por este nuevo Gobierno fue para paralizar el desarrollo de las renovables).

Nuestro parque nuclear actual son ocho reactores activos (menos de 8.000 Mw, el 20% del consumo de electricidad) y dos plantas en desmantelamiento (Vandellós I, cerrada en 1989 por varios incidentes y un incendio grave; y Zorita).

Así, la energía nuclear es una rémora pretérita, y no por un mero deseo ideológico sino por demasiados motivos cuantificables.

Uno: la energía nuclear produce residuos radiactivos de alta actividad que tienen (los isótopos de plutonio, por ejemplo) una “vida” de 24.000 años. En 1982, EEUU decidió vaciar toda una montaña, Yucca Mountain, para instalar en su interior su cementerio nuclear. Tras veintiocho años de proyecto e inversiones (60.000 millones de euros previstos que en 2006 se reconoció que serían insuficientes), por la aparición de importantes problemas de seguridad en 2010 se empezó a desmantelar y a investigar en otras alternativas de tratamiento de los residuos. En todo caso, allá donde se almacenen, como dice la canción de Crosby y Nash, habrá que poner un cartel para los futuros arqueólogos que diga: “don’t dig here”, no caven aquí.

En España se generarán 6.700 toneladas hasta 2030. Su almacenamiento (hoy por hoy inviable en nuestro país) se realiza en países vecinos con un altísimo coste económico que pagamos todos los españoles. Como dijo el sociólogo alemán Ulrich Beck vamos en un avión para el que todavía no existe pista de aterrizaje.

Dos: la energía nuclear utiliza un combustible con reservas limitadas, el uranio, que no se puede plantar como las setas. Y el progresivo agotamiento de un recurso no renovable repercute en su precio aumentándolo y en la conflictividad geoestratégica. La energía nuclear no es autóctona nuestra, dependemos tan completamente del exterior como en el petróleo. La mitad del uranio que utilizamos se importa de Rusia, y el resto de Australia, Níger, Kazajistán y Canadá. Y aunque en nuestras viejas minas de uranio de repente aparecieran vetas inmensas, no contamos con las capacidades para producir el combustible enriquecido o para el procesamiento del combustible iridiado. Lo que nos lleva al punto...

Tres: el acceso a la tecnología está centralizado y restringido por los poseedores (Tratado de no Proliferación Nuclear), tenemos que importarla,  ya que no contamos ni con la tecnología nuclear básica, mientras gran parte de la tecnología punta y el tejido industrial de las energías renovables sí es nuestra.

Cuatro: la industria nuclear aplica estándares de seguridad que no excluyen la posibilidad de accidentes. Fukushima, en un país de altísima tecnología, es el ejemplo más claro. Y España tampoco se ha salvado, con el incendio de Vandellós I de 1989 y diversas emergencias en años recientes, por no citar las frecuentes incursiones de Greenpeace por tierra mar y aire a las centrales para demostrar su vulnerabilidad.

Según el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) francés “nadie puede garantizar que no pueda haber un accidente nuclear”. A ello, la Agencia Nuclear de la OCDE añade: “el sector debe prepararse porque nadie puede descartar nuevos accidentes. Las nucleares las hacemos humanos y cometemos errores”. Con todo su cuajo. Por eso, el error mantenido es alargar la vida útil de las centrales o querer instalar nuevas.

Otrosí: en este tema se reitera uno de los principales de la “crisis” financiera, el del papel que juegan los organismos supervisores, de control y los reguladores: que están formados muy mayoritariamente por técnicos de la propia industria o del sector a regular, o sea, en el caso de la energía nuclear por ingenieros nucleares que sólo con cuentagotas se oponen a la tecnología en la que ellos mismos se han (de)formado. Además, estos organismos demuestran una acendrada tradición de secretismo y nula transparencia (los intercambios de documentación entre el regulador y los titulares de las centrales en actualizaciones, modificaciones, evaluaciones técnicas no se publican. Como señalan Cristina Narbona y Jordi Ortega en su reciente “La energía después de Fukushima”, Ed. Turpial: “más allá del riesgo potencial, hay un déficit en el ejercicio de los derechos de información y de participación pública en lo relativo a la actividad de la industria nuclear”). Precisamente, nuestro CSN hace cuatro meses emitió informe favorable a alargar la vida de Garoña hasta 2019 “pendiente de condiciones de seguridad a establecer”. En resumen: ya sabemos que la zorra cuida de muy mala manera las gallinas, sean las gallinas hipotecas basura, fondos de inversión especulativos, transgénicos o instalaciones nucleares. Mientras que, como dijo un político alemán: “para millones de personas no es necesario un comité de ética –y pese a cualquier órgano regulador sesgado, añado yo- para saber que la arrogancia puede hacer pensar que las tecnologías son infalibles ante los riesgos”. Lo que debe primar aquí son las consecuencias previsibles de esa falibilidad, inaceptables en la energía nuclear. Más aún cuando un mundo democratizado es también aquel que supera la identificación del progreso con la cultura del riesgo y propugna la cultura de la precaución. Los inocentes afectados por un medicamento como la talidomida, por un material de construcción cancerígeno como el fibrocemento (amianto) de la uralita o la radiación de Chernobil (URSS) o Harrisburg (EEUU), si hubieran podido ser partícipes de una democracia real, habrían optado por la prevención antes que por la soberbia científica y la avaricia comercial.

Cinco: la energía nuclear “pacífica” aumenta el riesgo de proliferación de armas nucleares, hecho evidente en el rechazo internacional a Irán en la actualidad. ¿Es lícito en un mundo “globalizado” optar por una tecnología que no queremos que tenga la otra mitad de la humanidad?

Seis: la energía nuclear disfruta de otra excepción más muy poco conocida. Las centrales de generación están excluidas de la legislación de Impacto Ambiental. Lo que es absolutamente comprensible porque aplicando los procedimientos técnicos y administrativos de evaluación de impacto (emisiones, peligrosidad, calentamiento que produce en los ríos el uso de su agua para refrigeración...), sólo cabe, para la Declaración de Impacto Ambiental, la resolución denegatoria de la planta.

Siete: y muy significativamente, la energía nuclear tiene unas asombrosas ineficiencias económicas que sus promotores callan: está subvencionada (3,89% del recibo de la luz de cada ciudadano cubre la compensación por la moratoria),  no internaliza el total de los costes de la gestión de sus residuos, y es el único negocio que no corre con todos sus costes y que sus accidentes no los cubre ninguna aseguradora. El Consorcio de Compensación de Seguros de España apenas alcanza 1.200 meuros cuando las indemnizaciones a las victimas de Fukushima, por ejemplo, se estiman en más de 65.000 meuros, y eso sin contar con que muchas de las víctimas aún ni siquiera han nacido. Nuestra propia Ley de Responsabilidad Ambiental exceptúa a la energía nuclear por motivos obvios.

Además, el coste de construcción de una nueva planta es de 7.000 meuros, lo que supone 4.000 euros/Kw mientras que el coste de la eólica es ya de 3.000euros/Kw.

En todo caso, resulta que ninguna empresa privada está dispuesta a afrontar esa inversión multimillonaria (menos aún en las actuales condiciones de restricciones al crédito) sin contar con el apoyo del Estado, ya sea en subvenciones directas, avales, mediante primas tarifarias o a través de la factura de la luz.

En esto del coste de la energía nuclear, sus defensores también nos aseguran que es necesaria para que no suba el recibo de la luz, pero callan que tal energía se retribuye en nuestro sistema muy por encima de su coste  real, al más caro, el de los ciclos combinados de gas y el carbón, y que en un contexto de capacidad excedentaria son otras tecnologías, no la nuclear, las que podrían reducir el recibo.

En fin, la energía en España está liberalizada desde 1997, así que cualquiera puede instalar una central nuclear, un campo eólico, una granja solar o un ciclo combinado de gas donde le plazca sólo con cumplir los trámites administrativos y ambientales vigentes. Si las cuentas les salieran sin el apoyo estatal ya habrían promovido alguna central.

Y mientras estos datos tienen una contundencia sofocante, el Foro Nuclear de España quiere vendernos la sarcástica necesidad de esta energía –insostenible e insegura- por motivos “ambientales” (para controlar el cambio climático ya que “no emite CO2”) y por motivos de “seguridad” (para garantizar el suministro de la demanda). Así reclama ¡400 nuevos reactores en el mundo, diez de ellos en España! ¡2.800.000 meuros! ¡Órdago!...

Pero resulta que esa “necesidad de nuclearizarnos” es un sofisma. En España, en la actualidad somos excedentarios en energía (ahora exportamos). Por ejemplo, la prolongación hasta 2019 de la vida de la central de Garoña tiene mucho más de interés ideológico, “ejemplificador” que de necesidad real. Esa planta (idéntica a la de Fukushima) aporta apenas 466 Mw de potencia instalada. Lo mismo que un centenar de molinos eólicos de última generación. Además el paradigma de la energía renovable como energía distribuida es claramente superior, racional y eficientemente hablando, al de la centralización de una fuente en una instalación nuclear. Es preferible un bosque de huertos solares y de molinos eólicos que una central nuclear. Las innovaciones tecnológicas en aquéllos también se pueden instalar con  mayor facilidad y menor impacto. Cambiar un molino de 1 Mw por otro de 5Mw, por ejemplo. Véase diáfanamente esta ventaja de lo distribuido sobre lo centralizado (tema que abordaré en el futuro en el blog) en el ámbito de la informática.

Corolario: la energía nuclear es plenamente prescindible.  Y conste que de la posibilidad de alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares más allá de los cuarenta años, que se tradujo en su inclusión en la infausta Ley de Economía (¿)Sostenible(?), tiene mucha responsabilidad Miguel Sebastián, ex ministro del PSOE, y su Secretario de Estado de la Energía, autor, casualmente antes de su nombramiento, del informe pericial de Nuclenor contra la decisión de no autorizar la prolongación de Garoña.

En definitiva, como ha dicho Sergio de Otto: no es cierto que necesitemos todas las tecnologías actuales de generación de energía. Unas son más deseables que otras; unas más peligrosas que otras. Ninguna opción energética como la nuclear tiene su poder devastador e irreversible. Un accidente nuclear, a diferencia de los accidentes industriales, no está delimitado ni en el tiempo ni en el espacio. Hay por tanto que avanzar en el desmantelamiento de unas energías irracionales y contrarias al progreso, que trasladan al futuro costes y riesgos, y promover otras energías, respetuosas con el ser humano y la naturaleza de hoy y de mañana.

Siete han sido los criterios que he vertido aquí esta semana contra la energía nuclear. También fue en el séptimo círculo del Infierno, donde Dante y Virgilio encontraron a los violentos contra la Naturaleza, condenados en un desierto ardiente bajo una continua lluvia de fuego, imagen de lo más atómica que imaginar se puede...

No es eso, no es eso...

“No es eso, no es eso”. Esa fue la famosa frase de Ortega y Gasset al comprobar ciertos desnortados efectos colaterales de algunos en la II República.

No es eso, digo yo hoy, cuando descubro otra victoria neoliberal sobre los ciudadanos. En este caso el Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó la semana pasada (con nocturnidad: a las dos de la madrugada) la eufemística Ley de Dinamización de la Actividad Comercial, que permitirá a todos los comercios de la Comunidad Autónoma abrir las 24 horas del día los 365 días del año, sea cual sea su superficie.
No es eso, no es eso… Porque si hay una medida estratégica, transformadora de la sociedad española, que pueda tomarse con facilidad y sin coste, esa es la de armonizar el horario laboral y comercial con nuestro entorno europeo.
Parece cosa de nada, pero sería una medida de enorme calado, fundamental para la eficiencia y ahorro energético y para la calidad de vida ciudadana. Y supondría al final un cambio cultural radical.
Provenimos de una acendrada y no visibilizada herencia árabe que en el ámbito comercial se refleja en la exacerbada liberalidad de horarios a semejanza de los zocos árabes. Esto, que ha venido quedando impreso en nuestro imaginario cultural, en la actualidad se ha unido al capitalismo salvaje  instalado en la ideología de los neoliberales españoles para los que la Tierra Prometida ya no está en Jerusalén sino en Nueva York.
Así hemos ido optando paso a paso por la apertura cada vez más extendida de nuestros comercios. Como en los zocos árabes y en la Gran Manzana, que nunca duerme. Hasta llegar a la hipérbole absoluta de la medida de Madrid, donde todo comercio podrá estar abierto a todas horas todos los días.
Pero no es eso, no es eso, sino todo lo contrario. La medida sostenible, progresista que habría que tomar sería la imposición del cierre de los centros laborales a las 1700 y de los comercios a las 1800 los días laborables.
Holanda, paradigma del capitalismo calvinista y país admirado por su eficiencia económica y su productividad tiene ese horario y están a la cabeza de los índices de competitividad y a la cola de la tasa de paro. Y no se crean la patraña de que empiezan a trabajar a las seis de la mañana porque es falso. Empiezan a las nueve como en España. Eso sí, no paran dos horas y media para comer y hacer la sobremesa. Y tienen poquísimas “comidas de trabajo”. Pragmáticos, ellos separan dos cosas que son incompatibles por su propia naturaleza y, por tanto, ineficientes.
Algunos temerán que con un horario así los holandeses se morirán de hambre, se quedarán sin champú, no podrán tener videojuegos. Y sin embargo les aseguro que, mientras trabajé en La Haya, nada de eso ocurrió. Mis vecinos holandeses sobrevivían a esos horarios.
Por si acaso, supongo, (que hay mucho despistado que no le da tiempo a hacer la compra), los jueves tenían en Holanda un horario extendido en ciertos comercios (alimentación fundamentalmente, ni tan siquiera las tiendas de moda y complementos) hasta las nueve de la noche. Los sábados por la tarde y los domingos, todos los comercios holandeses cerraban. Y la gente subsistía. Increíble but true.
En el caso de España, yo aplicaría casi el mismo horario que en los Países Bajos y el resto de Europa (cerrar a las seis entre semana). Pero conocedor de nuestras seculares pasiones, sería flexible y permitiría que los sábados se abriera hasta las nueve, para evitar que los imprevisores queden desabastecidos, pobrecitos ellos. Los domingos cerraría todos los comercios.
Se trata de una de las pocas medidas estratégicas de gran calado y transformación radical de la sociedad que podemos realizar en España y que tendría repercusión inmediata sobre la calidad de vida de los ciudadanos incluyendo beneficios transversales como: el ahorro energético, la incorporación plena de la mujer al mercado de trabajo al permitir de facto y iure la conciliación de la vida laboral y familiar, el cambio de valores en la sociedad a una menos consumista y más humana, el reforzamiento de las relaciones familiares como parte integrante esencial de la cobertura de necesidades sociales (dependencia…), la recuperación del espacio ciudadano para la convivencia y no meramente para el consumo.
Además si a alguien perjudica esta medida es al pequeño comercio, normalmente instalado en el centro de las ciudades. Incapaces de afrontar los costes de abrir eternamente, obligados a cerrar frente a la competencia desleal de las grandes superficies instaladas en los extrarradios, los comercios de barrio estarán condenados a la progresiva desaparición, provocando a su vez (ejemplos actuales ya hay) el abandono de la centralidad de la ciudad que deja de ser espacio de convivencia para convertirse en patios de oficinas.
Sí, la medida de Esperanza Aguirre y sus secuaces de liberalizar absolutamente los horarios comerciales parecería una cosa menor, técnica, pero abunda en el desmantelamiento del modelo de convivencia y racionalidad que deberíamos alcanzar. Favorecerá claramente a ANGED, la patronal de las grandes superficies, y probablemente suponga un incremento de sus precios y abundará en el individualismo de la sociedad que se pasa el día en el trabajo y luego a la carrera, a deshoras, haciendo compras en vez de compartir la plaza pública en una atmósfera de ciudadanía solidaria.
Pero así es, en España, como en la Alemania de Merkel, ahora se va en dirección contraria. En el país germano, por ejemplo, quieren apostar porque las “familias” cuiden a los niños en el hogar. Pendiente la absoluta revolución de la igualdad de derechos de las mujeres, eso significa, en román paladino que las mujeres vuelvan a encargarse de los niños y la casa subordinando sus derechos humanos (al trabajo, la independencia, la igualdad…). Esta vez con la excusa de que el sistema no es sostenible a base de guarderías (en Madrid, por cierto, el triple de caras desde hoy).
Pero toda va simplemente en consonancia con el rearme ideológico del ultravonservadurismo infectado de ingredientes de moral y religión: “Autenticidad de la mujer: redescubriendo la vida en el hogar”, demonización del matrimonio homosexual o del derecho al aborto. Eslóganes e ideas que se desvelan en el Congreso Mundial de Familias o en la asociación “Hazteoir” y que son la avanzadilla sin careta de lo que algunos reivindican para volver a las “esencias” del pasado.
Si hubiera en España una revolución verde, por lo sostenible, y verde también por lo de la primavera árabe, o sea, movilizable por las redes sociales, tal vez el mensaje que habría que mandar sería el de promover una rebelión, una huelga  de carros de la compra vacíos en esos horarios inhumanos para reclamar nuestro derecho a compartir el espacio común de la ciudad, la humanidad, la alegría, la cultura, el ocio (que también colabora a incrementar el PIB con sus precios), la familia extendida, el bienestar integrador e inclusivo, frente a aquellos para los que sólo somos una cuenta corriente, un consumidor sin horas de descanso, un mero clon en la cola de una caja registradora cuyas únicas palabras a otro humano sean ¿cuánto es? o ¿aceptan visa?