You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time,
but you cannot fool all the people all the time.
(Abraham Lincoln)

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lunes, 16 de julio de 2012

Lo que hay detrás del pañuelo del mago


El prestidigitador acaricia a su conejo y saca con histrionismo un pañuelo de colores de su bolsillo. Lo mueve en el aire, habla a la vez de algo insustancial, cuenta un chiste, saluda a la ayudante en bikini que baila. Los espectadores presienten que les van a hacer, abracadabra, la magia y quieren pillarle truco. Están pendientes de él, del pañuelo, para que no les engañe el ilusionista y hacerse la ilusión de que son tan listos como él. Con toda la atención ahí concentrada, en el pañuelo colorido, el mago consigue su propósito. Aprovecha entonces y con la otra mano esconde en su manga el conejo. Lo ha conseguido, ha despistado al respetable. Creían que el espectáculo ocurriría en el pañuelo, pero el pañuelo es un pañuelo, nada más. El verdadero truco es ocultar al conejo. El conejo, por cierto, tiene mixomatosis, es un conejo enfermo…

Entre el miércoles pasado el presidente Rajoy, y el viernes su vicepresidenta y los ministros de Economía y el de Hacienda, nos hicieron este truco utilizando un pañuelo de muchos colores para despistar y, en vez de a la tiple en paños menores bailando, a Juan Carlos I saliendo en la foto de la prestidigitación.

El sábado los ciudadanos y los medios de comunicación se hacían cruces por el paquetazo de recortes: subida del IVA, menos beneficiarios de viviendas de protección oficial, incremento de la base de cotización, no disponibilidad de gasto público (600 millones de euros, que casi se satisfarían sólo con traernos de vuelta a las tropas de su excursión heroica por Afganistán donde nos cuestan más de 400 millones de euros al año, más de un millón al día), ultimátum de tasas anunciadas a las energías renovables, rebaja en el seguro de desempleo y amenaza al menor “indicio de fraude”, la puntilla definitiva a la Ley de Dependencia (el Gobierno ya no pagará la cotización de las cuidadoras y reduce aún más y más la financiación), y sobre todo el indiscriminado pero interesado abuso perpetrado con los funcionarios como atracción de feria a la que arrearle pelotazos…

Todos mirando los colores del pañuelito, y sobre todo el color negro de lo de los funcionarios, a los que los ciudadanos acostumbran a aplicar el mítico “¡que se jodan!” dedicado a los parados por la hija del español al que más ha tocado la lotería en la historia, mister Fabra. Y mientras tanto, los listos prestidigitadores escondiendo el conejo mixomatoso: la reforma de las Diputaciones Provinciales.

Amparados en la excusa de las supuestas duplicidades, esta reforma tiene un objetivo ideológico evidente: abundar en el desmantelamiento del Estado del Bienestar. Pero, por supuesto, no se trata de un mero derribo del edificio de convivencia social de nuestro cariacontecido país, sino de una “apropiación indebida”, un traspaso empresarial en toda regla, para convertir en privado lo que es público.

Esta reforma de la Diputaciones Provinciales (38 en España más las tres forales vascas, un 90% de ellas en poder del PP, por ejemplo del ya mentado Fabra y su faraónica estirpe que viene heredando el puesto con histórica persistencia) pretende quitar competencias a los ayuntamientos (las que el PP denomina competencias “impropias”: asistencia social y sanidad) y pasárselas a las diputaciones. Pero el truco, la letra pequeña está en que estas diputaciones no tienen medios ni económicos, ni personales, ni capacidad normativa ni impositiva para ejercer tales competencias. Así, la propia Ley aprobada el viernes por el PP señala que “si” las diputaciones no pueden prestar de forma directa los servicios que se les encomienden… podrán hacerlo de forma indirecta… o sea, se desmantelan los servicios municipales, se pasan a administraciones muy mayoritariamente en poder del PP desde las últimas elecciones, y se procede a la privatización de la sanidad y los servicios sociales. ¡Olé!

Y también puede llegarse a poner otra guinda en el pastel: que las tasas de residuos urbanos las sigan recaudando los competentes (no hay más remedio mal que les pese), los ayuntamientos, pero que el servicio lo contraten las diputaciones, lo que provocará, sin duda, unos tejemanejes de esos que acaban en corrupción gurtélica de la que todos luego se tiran de los pelos y se hacen católicas, muy católicas cruces.

Pero la verdadera reforma necesaria en las Diputaciones Provinciales sería su eliminación. Se trata de administraciones superfluas, decimonónicas, que a algunos sesudos españoles les han supuesto siempre algo tan arcano como que el bueno de Jardiel Poncela aspiraba antes de su muerte apenas a saber para qué servían.

Y eso que hoy es bastante identificable para qué sirven estas clientelares administraciones: para gastar en carreteras superpuestas como los estratos de Troya a la carreteras nacionales y autonómicas; para colocar primos; y para otorgar premios literarios que apenas enriquecen a ciertos editores expertos en tener la exclusiva para publicar (a menudo “malpublicar”) los libros ganadores, que demasiadas veces pasan a ocupar en sus cajas sin desprecintar los almacenes de material de oscuras bodegas administrativas.

Seis mil millones de presupuesto, cuatro mil millones de deuda y mil diputados, más personal de confianza, asesores, y funcionarios y laborales en su gran mayoría de la viejísima escuela franquista… Sí, las diputaciones provinciales sí que serían un buen lugar para recortar con racionalidad. Seis mil millones de euros… caramba, una cifra tan parecida a la del recorte hecho con las otras medidas que bien podía haberse tomado ésta sólo.

Pero para cuando descubramos que el truco estaba en el conejo escondido y no en el pañuelo aireado y nos acordemos de esta medida, tomada por el Gobierno este viernes, ya estarán en manos privadas servicios públicos que conforman el corazón del Estado del Bienestar. Y si alguien entonces clama al cielo de lo público, le responderán, birlibirloque, que la deuda de los ayuntamientos es insoportable. Así en general, sin explicar que un 60% de esa deuda municipal la fagocita enterita la sola ciudad pepera de Madrid.

Pero qué más da… ¡que siga el espectáculo! Pocas cosas gustan tanto a los “españuelos” como que nos hagan juegos de manos y nos den gato por liebre. Pocas cosas nos atraen tanto como una demolición “controlada”. ¡Ah!, la belleza de la destrucción, el virtuosismo de los dinamiteros… signos inequívocos de este país que prefiere una pandereta a Pau Casals.

martes, 19 de junio de 2012

Buena, bonita, barata… ¡paisha!

Japón no escarmienta ni a la de tres (Fukushima, Hiroshima, Nagasaki) y vuelve a la energía nuclear tras haber cerrado todos sus reactores por seguridad tras el accidente de hace un año. Y las fuerzas reaccionarias españolas aprovechan para relanzar su cruzada nuclear, inasequibles al desaliento fuku-sísmico. Como vendedores de alfombras nos aseguran que es buena, bonita y barata la energía atómica. Y se resisten  con todas las armas de sus intereses privados al desarrollo de la sostenibilidad y la inteligencia.

Nada nuevo bajo el sol (esa fuente de energía renovable para todos). Pues tienen los pronucleares un inequívoco sesgo ludita. El ludismo es el rechazo interesado a las innovaciones. Surgió como movimiento a principios del XIX cuando algunos obreros destruyeron las nuevas máquinas tejedoras. Aunque es una conducta habitual desde tiempos de Vespasiano, con los aguadores en contra de los acueductos, o más tarde con los contables combatiendo la pascalina, la primera calculadora. Se aplican aquí la famosa frase del Primer Ministro británico, Lord Balfour, paradigma del inmovilismo: “es más inteligente hacer cosas estúpidas que se han hecho siempre que cosas inteligentes que no se han hecho nunca”.

La energía nuclear es el pasado, las energías renovables el futuro. Más aún para España, que en energías renovables hemos sido líderes tecnológicos mundiales. Pero ahora parece que preferimos regresar al castizo “que inventen ellos” (una de las primeras leyes de “urgencia” aprobadas por este nuevo Gobierno fue para paralizar el desarrollo de las renovables).

Nuestro parque nuclear actual son ocho reactores activos (menos de 8.000 Mw, el 20% del consumo de electricidad) y dos plantas en desmantelamiento (Vandellós I, cerrada en 1989 por varios incidentes y un incendio grave; y Zorita).

Así, la energía nuclear es una rémora pretérita, y no por un mero deseo ideológico sino por demasiados motivos cuantificables.

Uno: la energía nuclear produce residuos radiactivos de alta actividad que tienen (los isótopos de plutonio, por ejemplo) una “vida” de 24.000 años. En 1982, EEUU decidió vaciar toda una montaña, Yucca Mountain, para instalar en su interior su cementerio nuclear. Tras veintiocho años de proyecto e inversiones (60.000 millones de euros previstos que en 2006 se reconoció que serían insuficientes), por la aparición de importantes problemas de seguridad en 2010 se empezó a desmantelar y a investigar en otras alternativas de tratamiento de los residuos. En todo caso, allá donde se almacenen, como dice la canción de Crosby y Nash, habrá que poner un cartel para los futuros arqueólogos que diga: “don’t dig here”, no caven aquí.

En España se generarán 6.700 toneladas hasta 2030. Su almacenamiento (hoy por hoy inviable en nuestro país) se realiza en países vecinos con un altísimo coste económico que pagamos todos los españoles. Como dijo el sociólogo alemán Ulrich Beck vamos en un avión para el que todavía no existe pista de aterrizaje.
Dos: la energía nuclear utiliza un combustible con reservas limitadas, el uranio, que no se puede plantar como las setas. Y el progresivo agotamiento de un recurso no renovable repercute en su precio aumentándolo y en la conflictividad geoestratégica. La energía nuclear no es autóctona nuestra, dependemos tan completamente del exterior como en el petróleo. La mitad del uranio que utilizamos se importa de Rusia, y el resto de Australia, Níger, Kazajistán y Canadá. Y aunque en nuestras viejas minas de uranio de repente aparecieran vetas inmensas, no contamos con las capacidades para producir el combustible enriquecido o para el procesamiento del combustible iridiado. Lo que nos lleva al punto...

Tres: el acceso a la tecnología está centralizado y restringido por los poseedores (Tratado de no Proliferación Nuclear), tenemos que importarla,  ya que no contamos ni con la tecnología nuclear básica, mientras gran parte de la tecnología punta y el tejido industrial de las energías renovables sí es nuestra.

Cuatro: la industria nuclear aplica estándares de seguridad que no excluyen la posibilidad de accidentes. Fukushima, en un país de altísima tecnología, es el ejemplo más claro. Y España tampoco se ha salvado, con el incendio de Vandellós I de 1989 y diversas emergencias en años recientes, por no citar las frecuentes incursiones de Greenpeace por tierra mar y aire a las centrales para demostrar su vulnerabilidad.

Según el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) francés “nadie puede garantizar que no pueda haber un accidente nuclear”. A ello, la Agencia Nuclear de la OCDE añade: “el sector debe prepararse porque nadie puede descartar nuevos accidentes. Las nucleares las hacemos humanos y cometemos errores”. Con todo su cuajo. Por eso, el error mantenido es alargar la vida útil de las centrales o querer instalar nuevas.

Otrosí: en este tema se reitera uno de los principales de la “crisis” financiera, el del papel que juegan los organismos supervisores, de control y los reguladores: que están formados muy mayoritariamente por técnicos de la propia industria o del sector a regular, o sea, en el caso de la energía nuclear por ingenieros nucleares que sólo con cuentagotas se oponen a la tecnología en la que ellos mismos se han (de)formado. Además, estos organismos demuestran una acendrada tradición de secretismo y nula transparencia (los intercambios de documentación entre el regulador y los titulares de las centrales en actualizaciones, modificaciones, evaluaciones técnicas no se publican. Como señalan Cristina Narbona y Jordi Ortega en su reciente “La energía después de Fukushima”, Ed. Turpial: “más allá del riesgo potencial, hay un déficit en el ejercicio de los derechos de información y de participación pública en lo relativo a la actividad de la industria nuclear”). Precisamente, nuestro CSN hace cuatro meses emitió informe favorable a alargar la vida de Garoña hasta 2019 “pendiente de condiciones de seguridad a establecer”. En resumen: ya sabemos que la zorra cuida de muy mala manera las gallinas, sean las gallinas hipotecas basura, fondos de inversión especulativos, transgénicos o instalaciones nucleares. Mientras que, como dijo un político alemán: “para millones de personas no es necesario un comité de ética –y pese a cualquier órgano regulador sesgado, añado yo- para saber que la arrogancia puede hacer pensar que las tecnologías son infalibles ante los riesgos”. Lo que debe primar aquí son las consecuencias previsibles de esa falibilidad, inaceptables en la energía nuclear. Más aún cuando un mundo democratizado es también aquel que supera la identificación del progreso con la cultura del riesgo y propugna la cultura de la precaución. Los inocentes afectados por un medicamento como la talidomida, por un material de construcción cancerígeno como el fibrocemento (amianto) de la uralita o la radiación de Chernobil (URSS) o Harrisburg (EEUU), si hubieran podido ser partícipes de una democracia real, habrían optado por la prevención antes que por la soberbia científica y la avaricia comercial.

Cinco: la energía nuclear “pacífica” aumenta el riesgo de proliferación de armas nucleares, hecho evidente en el rechazo internacional a Irán en la actualidad. ¿Es lícito en un mundo “globalizado” optar por una tecnología que no queremos que tenga la otra mitad de la humanidad?

Seis: la energía nuclear disfruta de otra excepción más muy poco conocida. Las centrales de generación están excluidas de la legislación de Impacto Ambiental. Lo que es absolutamente comprensible porque aplicando los procedimientos técnicos y administrativos de evaluación de impacto (emisiones, peligrosidad, calentamiento que produce en los ríos el uso de su agua para refrigeración...), sólo cabe, para la Declaración de Impacto Ambiental, la resolución denegatoria de la planta.

Siete: y muy significativamente, la energía nuclear tiene unas asombrosas ineficiencias económicas que sus promotores callan: está subvencionada (3,89% del recibo de la luz de cada ciudadano cubre la compensación por la moratoria),  no internaliza el total de los costes de la gestión de sus residuos, y es el único negocio que no corre con todos sus costes y que sus accidentes no los cubre ninguna aseguradora. El Consorcio de Compensación de Seguros de España apenas alcanza 1.200 meuros cuando las indemnizaciones a las victimas de Fukushima, por ejemplo, se estiman en más de 65.000 meuros, y eso sin contar con que muchas de las víctimas aún ni siquiera han nacido. Nuestra propia Ley de Responsabilidad Ambiental exceptúa a la energía nuclear por motivos obvios.

Además, el coste de construcción de una nueva planta es de 7.000 meuros, lo que supone 4.000 euros/Kw mientras que el coste de la eólica es ya de 3.000euros/Kw.

En todo caso, resulta que ninguna empresa privada está dispuesta a afrontar esa inversión multimillonaria (menos aún en las actuales condiciones de restricciones al crédito) sin contar con el apoyo del Estado, ya sea en subvenciones directas, avales, mediante primas tarifarias o a través de la factura de la luz.

En esto del coste de la energía nuclear, sus defensores también nos aseguran que es necesaria para que no suba el recibo de la luz, pero callan que tal energía se retribuye en nuestro sistema muy por encima de su coste  real, al más caro, el de los ciclos combinados de gas y el carbón, y que en un contexto de capacidad excedentaria son otras tecnologías, no la nuclear, las que podrían reducir el recibo.

En fin, la energía en España está liberalizada desde 1997, así que cualquiera puede instalar una central nuclear, un campo eólico, una granja solar o un ciclo combinado de gas donde le plazca sólo con cumplir los trámites administrativos y ambientales vigentes. Si las cuentas les salieran sin el apoyo estatal ya habrían promovido alguna central.

Y mientras estos datos tienen una contundencia sofocante, el Foro Nuclear de España quiere vendernos la sarcástica necesidad de esta energía –insostenible e insegura- por motivos “ambientales” (para controlar el cambio climático ya que “no emite CO2”) y por motivos de “seguridad” (para garantizar el suministro de la demanda). Así reclama ¡400 nuevos reactores en el mundo, diez de ellos en España! ¡2.800.000 meuros! ¡Órdago!...

Pero resulta que esa “necesidad de nuclearizarnos” es un sofisma. En España, en la actualidad somos excedentarios en energía (ahora exportamos). Por ejemplo, la prolongación hasta 2019 de la vida de la central de Garoña tiene mucho más de interés ideológico, “ejemplificador” que de necesidad real. Esa planta (idéntica a la de Fukushima) aporta apenas 466 Mw de potencia instalada. Lo mismo que un centenar de molinos eólicos de última generación. Además el paradigma de la energía renovable como energía distribuida es claramente superior, racional y eficientemente hablando, al de la centralización de una fuente en una instalación nuclear. Es preferible un bosque de huertos solares y de molinos eólicos que una central nuclear. Las innovaciones tecnológicas en aquéllos también se pueden instalar con  mayor facilidad y menor impacto. Cambiar un molino de 1 Mw por otro de 5Mw, por ejemplo. Véase diáfanamente esta ventaja de lo distribuido sobre lo centralizado (tema que abordaré en el futuro en el blog) en el ámbito de la informática.

Corolario: la energía nuclear es plenamente prescindible.  Y conste que de la posibilidad de alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares más allá de los cuarenta años, que se tradujo en su inclusión en la infausta Ley de Economía (¿)Sostenible(?), tiene mucha responsabilidad Miguel Sebastián, ex ministro del PSOE, y su Secretario de Estado de la Energía, autor, casualmente antes de su nombramiento, del informe pericial de Nuclenor contra la decisión de no autorizar la prolongación de Garoña.

En definitiva, como ha dicho Sergio de Otto: no es cierto que necesitemos todas las tecnologías actuales de generación de energía. Unas son más deseables que otras; unas más peligrosas que otras. Ninguna opción energética como la nuclear tiene su poder devastador e irreversible. Un accidente nuclear, a diferencia de los accidentes industriales, no está delimitado ni en el tiempo ni en el espacio. Hay por tanto que avanzar en el desmantelamiento de unas energías irracionales y contrarias al progreso, que trasladan al futuro costes y riesgos, y promover otras energías, respetuosas con el ser humano y la naturaleza de hoy y de mañana.

Siete han sido los criterios que he vertido aquí esta semana contra la energía nuclear. También fue en el séptimo círculo del Infierno, donde Dante y Virgilio encontraron a los violentos contra la Naturaleza, condenados en un desierto ardiente bajo una continua lluvia de fuego, imagen de lo más atómica que imaginar se puede...