Ya son ganas de querer estirar de todas las cuerdas para tensar lo que no poco tenso está. Parecería que algunos estén empeñados otra vez en la cruzada de repetir los desmanes de la invasión americana (et altrii) de Iraq, cuando los caballos del Apocalipsis fueron cabalgados por mentiras sobre las armas químicas.
El fósforo blanco, que aparentemente se ha usado en Ucrania, es un arma horrible, como todas las demás, pero no es un arma química de acuerdo con la Convención de Naciones Unidas sobre su prohibición. Ello no quita un ápice de espanto a la barbarie, pero insisto, el fósforo no es un arma química. Es una arma tan espantosa como algunas otras que acaban protagonizando esos esperpentos del Derecho Internacional Humanitario que los seres supuestamente sapiens todavía necesitamos para, agárrense, regular las “Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas Convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados”. El Convenio se llama así, no es una broma de mal gusto, incluye armas que no distinguen combatientes de población civil, niños de soldados. Entre estas edificantes armas están las minas antipersonas y también otras proezas de la inventiva humana dedicadas no tanto a matar como a causar heridos, algo mucho más gravoso de manejar por un país en guerra. Por ejemplo, balas que se deshacen en microscópicos fragmentos para provocar septicemias horribles, o armas láser diseñadas sólo para dejar ciego al contrario. Reconfortantes innovaciones del humanoide magín.
Dicho esto, a todo hay que llamarlo por su nombre y aplicarle, en consecuencia, las normas precisas que en cada caso la comunidad internacional haya convenido. Las armas químicas, las de verdad, están reguladas en su prohibición y destrucción mediante una Convención ad hoc de Naciones Unidas. Una Convención (cuyo garante es la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAQ, en La Haya) que resultó modélica y única al conseguir dar un paso de gigante en la eliminación completa de una de las tres categorías de armas de destrucción masiva (nucleares, biológicas y químicas).
Por eso, colocar de rondón en los telediarios el tema de las posibles armas “químicas” en Ucrania, es una vuelta de tuerca tan innecesaria como interesada; tan innecesaria como incendiaria. Incendiaria como el fósforo, sí, pero más brutal la peligrosidad de utilizar una denominación “desacertada” cuya memoria histórica trae penosos momentos al recuerdo.
Y por terminar de chapotear en el charco este en el que hoy me hago dos largos, pienso que también tiene su guasa que al otro lado del Atlántico (Norte) haya quienes para sentar en el banquillo a Putin, invoquen ahora la Corte Penal Internacional (más conocida como el Tribunal Penal Internacional, TPI, cuya sede casualmente también está en La Haya).
Cuando Estados Unidos sigue sin firmar el correspondiente Estatuto de Roma que constituyó el TPI. Perdón, seré más escrupuloso: sí Estados Unidos, con Clinton, sí firmó el Estatuto, en el año 2000. Si bien la firma no implicaba que el tratado fuera jurídicamente vinculante sobre los estadounidenses, en concreto sobre sus soldados, porque no se llegó a presentar la preceptiva ratificación. De cualquier forma, en un caso sin precedentes en el derecho internacional público, en 2002, el siguiente presidente norteamericano, Bush II, remitió una nota al Secretario General de Naciones Unidas donde expresó la "anulación", por parte de su gobierno, de la firma depositada por el anterior gobierno, el de Clinton. La posición norteamericana en aquellos momentos tomó además tintes muy parecidos a un boicot cargado de amenazas. Congresistas republicanos dijeron: “Quien se crea que el TPI puede hacerse sin Estados Unidos vive en un mundo de sueños, porque sólo será viable si es apoyado por una comunidad y no por un club”. No deja de sorprender aquella “pre-potencia” de amos del planeta para los que todo conjunto de Estados en el que no participen ellos mismos no es sino un club.
Pero bueno, todo es poco teniendo en cuenta que años después, en 2020, otro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó la imposición de sanciones económicas contra los estados miembros del TPI que estuvieran implicados en investigaciones contra el país norteamericano. Y ello, con el objetivo de "proteger a sus militares" y "defender la soberanía nacional". La Casa Blanca recordó entonces en un comunicado que Estados Unidos no es firmante del Estatuto de Roma y que, por tanto, consideraba cualquier acción por parte del TPI como un "ataque".
Pues eso.
No hay comentarios:
Publicar un comentario